Denuncian expropiación a sobrevivientes de masacre El Mozote
12 de julio de 2023
La organización humanitaria Tutela Legal "María Julia Hernández" denunció este martes (11.07.2023) la expropiación de tierras por parte de entidades gubernamentales a sobrevivientes de la masacre de El Mozote, en la que el Ejército de El Salvador ejecutó a unas 1.000 personas civiles en 1981, lo que viola una sentencia internacional.
La entidad indicó, junto a tres organizaciones más, que en las tierras de estas personas se construiría una planta de tratamiento de aguas residuales, en la comunidad El Pinalito, del municipio de Arambala.
"Dicha planta se ha realizado de forma inconsulta, expropiando terrenos de víctimas de la masacre de El Mozote, en contra de lo estipulado en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en el año 2012", afirma un comunicado conjunto.
El texto agrega que con esto se está "dejando sin vivienda personas que retornaron" a El Mozote tras ser desplazadas durante la guerra civil (1980-1992).
Las organizaciones señalaron que se acudió al Juzgado de lo Civil y Mercantil -que avaló la expropiación- "para señalar el incumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana". También, acudieron ante dos juzgados ambientales "para que verifiquen el peligro a los recursos y salud de la población en la zona y emitan medidas cautelares", pero se declararon "incompetentes" para conocer el caso, por lo que "ha pasado a la Corte Suprema de Justicia".
En noviembre de 2021, la Asamblea Legislativa de El Salvador -de amplia mayoría oficialista- aprobó una ley que permite la expropiación de inmuebles para "obras municipales". La legislación, promovida por el presidente Nayib Bukele, establece el procedimiento que seguirá la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) para que se expropien inmuebles cuando no se alcance un acuerdo con las personas dueñas.
"Los propietarios o poseedores de inmuebles, que se consideren de interés público, podrán ser privados de sus derechos de propiedad o intereses patrimoniales legítimos previa declaración de utilidad pública", con "una justa indemnización", detalla la legislación y dice que los jueces de primera instancia con jurisdicción civil serán los encargados de procesar la demanda de declaración de "dominio eminente" a favor del Estado.
ama (efe, la prensa gráfica)